Las empresas fallan en sus canales de denuncia interna

El 42% de los trabajadores considera que su organización carece de mecanismos adecuados para reportar irregularidades

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas con 50 o más empleados están obligadas a contar con canales de denuncia internos de posibles irregularidades. Una norma que, sobre el papel, debería haber cambiado significativamente el panorama del compliance empresarial y la búsqueda de la transparencia corporativa. Sin embargo, distintos estudios revelan que una cosa es lo que dice la Ley y otra lo que esta sucediendo en la realidad del día a día empresarial.

Según Personio, el 65% de las empresas en España ya han implementado un canal de denuncias, mientras que un 23% aún no ha desarrollado esta herramienta y un 11% desconoce su estado actual. Por otra parte,  un reciente informe de Adecco revela que un 42% de los trabajadores considera que su empresa no cuenta con mecanismos adecuados para comunicar problemas internos. Estas cifras dibujan un escenario que plantea no solo retos de cumplimiento, sino también de cultura corporativa.

Tipos de infracciones

La Ley 2/2023 exige que las organizaciones cuenten con mecanismos para reportar las irregularidades de manera segura y confidencial. Pero, ¿cuales son las conductas que son susceptibles de ser denunciadas por los empleados? Gaspar Palmer, CEO de OpenKM, destaca que deben denunciarse todas aquellas conductas que puedan constituir una infracción legal o una vulneración de la integridad corporativa. “Desde casos de corrupción o fraude, hasta discriminación, acoso, violaciones a la normativa laboral o de protección de datos y cualquier comportamiento que atente contra la ética empresarial o el bienestar del entorno de trabajo”, señala.

Miedo a represalias

A pesar de los avances normativos, muchos trabajadores todavía no se sienten seguros cuando se trata de reportar un problema dentro de su empresa. Para Palmer, las bajas cifras de denuncias internas reflejan una preocupante falta de confianza en los sistemas existentes o incluso su ausencia. “En muchos casos, el temor a represalias, la desprotección del denunciante o la creencia de que la denuncia no será atendida adecuadamente disuaden a los empleados de dar el paso». Y advierte: “sin canales eficaces y seguros, se deteriora el ambiente laboral, se debilita la confianza y disminuye la productividad”.

Riesgos legales y reputacionales

No adaptarse a tiempo a la norma sobre los canales de denuncias puede salirle caro a las empresas. La propia Ley contempla sanciones económicas que oscilan entre los 10.001 euros y el millón de euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Pero más allá de las multas, el impacto reputacional de gestionar mal una denuncia interna puede dañar seriamente la imagen de una compañía.

La propia Ley contempla sanciones económicas que oscilan entre los 10.001 euros y el millón de euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento

Los especialistas apuntan que el objetivo de la Ley 2/2023 no es meramente sancionador, sino que con ella el legislador busca fomentar entornos laborales más transparentes y seguros, en los que los empleados puedan alertar sobre posibles infracciones sin miedo a represalias. Por esa razón, comenta Gaspar Palmer, “las empresas ya no pueden considerar los canales de denuncias como una mera obligación legal, sino que estos se han convertido en un instrumento estratégico para la protección de la integridad corporativa y la construcción de un entorno de trabajo basado en la confianza y la transparencia”.

Para Palmer la afectividad de un canal de denuncias depende, en gran medida, de cómo se gestiona cada caso. E insiste: “disponer de un sistema eficaz en este sentido no solo ayuda a detectar y resolver conflictos internos antes de que escalen, sino que también fortalece la cultura ética de la organización, algo cada vez más valorado tanto por los empleados como por los socios comerciales y los inversores”.

Pasos a seguir

¿Qué puede hacer un empleado en caso a detectar  una de estas irregularidades en su empresa? Lo primero, destaca el CEO de OpenKM, es utilizar el canal de denuncias habilitado por la empresa para comunicar el incidente de forma segura y confidencial. “No basta con implantar un buzón de sugerencias o un correo electrónico. Se trata de construir un sistema seguro, confidencial y trazable, donde el denunciante sepa que su identidad será protegida y que su denuncia será atendida de forma seria”, apunta.

Se trata de construir un sistema seguro, confidencial y trazable, donde el denunciante sepa que su identidad será protegida y que su denuncia será atendida de forma seria

Una vez realizada la denuncia por los canales previamente dispuestos por la empresa, corresponde a esta actuar conforme a la normativa. Para ello, indica Palmer, deberá «iniciar una investigación interna rigurosa y documentada”. La tecnología puede ayudar en este sentido, con plataformas que facilitan gestionar las denuncias de forma estructurada, cumpliendo con los requisitos legales, facilitando auditorías internas o externas y garantizando el anonimato del denunciante.

Cambio cultural

Este experto comenta que mientras algunas organizaciones siguen viendo los canales de denuncia como una imposición, otras los están integrando como parte fundamental de su estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. El reto, en última instancia, subraya, va más allá de cumplir con la ley. “Se trata de promover una transformación en la forma en que las empresas gestionan sus relaciones internas”.

Para Palmer crear un entorno en el que los empleados se sientan escuchados y protegidos es una condición indispensable para retener talento, mejorar el rendimiento y fortalecer la competitividad a largo plazo. Porque, insiste: “una gestión diligente de las denuncias refuerza la cultura ética de la organización, mitiga riesgos legales y protege su reputación”.